La aprobación de la Ley 21.185 (Ley PEC I) en octubre de 2019 y su continuación con la Ley 21.472 (Ley PEC II) en agosto de 2022 han generado una crisis latente en el sector eléctrico chileno. Estas leyes, supuestamente destinadas a mitigar un aumento inmediato en las tarifas eléctricas durante el estallido social, han dejado una deuda astronómica de 6 mil millones de dólares con las empresas eléctricas. Ahora, enfrentamos el momento crítico en que los consumidores comenzarán a pagar las consecuencias.
El argumento inicial de estas leyes era simple: aplazar aumentos tarifarios inmediatos a cambio de incrementos futuros. Sin embargo, la ejecución de esta política ha sido marcada por el engaño y la falta de transparencia. Los consumidores, una vez más, se encuentran en la encrucijada de asumir cargas financieras adicionales, esta vez disfrazadas bajo la premisa de "subsidios eléctricos" para los más necesitados.
Los problemas subyacentes de la Ley PEC no son solo económicos, sino también políticos y éticos. Los legisladores, en su afán de calmar tensiones sociales, han optado por soluciones rápidas y superficiales que ignoran las implicaciones a largo plazo. Esta práctica legislativa irresponsable revela una falta de compromiso con la estabilidad económica y el bienestar de la población a largo plazo.
La falta de responsabilidad de nuestros parlamentarios es evidente en su incapacidad para prever las consecuencias de sus acciones y en su tendencia a legislar sin un entendimiento adecuado de las leyes que promulgan. La historia reciente de decisiones políticas apresuradas, como los retiros de fondos de pensiones, sirve como recordatorio amargo de los peligros de estas prácticas.
Además, el desconocimiento de las causas fundamentales de los problemas económicos y la confianza ciega en soluciones regulatorias muestran una ignorancia alarmante por parte de algunos actores políticos. Fijar precios por ley puede parecer una solución rápida, pero solo perpetúa la falta de eficiencia y transparencia que tanto aqueja a nuestro sistema político.
A partir del 1 de julio, los consumidores enfrentarán incrementos escalonados en sus tarifas eléctricas que podrían alcanzar un aumento total del 60% para algunos grupos. Esta medida afectará desproporcionadamente a los hogares de diferentes regiones, exacerbando las disparidades ya existentes.
En conclusión, las leyes PEC son un microcosmos de los males más profundos de nuestra política: el engaño disfrazado de solución, la falta de responsabilidad legislativa, la ignorancia de las lecciones históricas y la negligencia hacia las consecuencias a largo plazo. Este momento crítico subraya la urgente necesidad de decisiones políticas informadas y responsables, así como la imperativa demanda de transparencia y rendición de cuentas por parte de nuestros líderes hacia la ciudadanía que representan y sirven.
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